Miércoles 7 de agosto de 2024
En esta ocasión compartimos el trabajo del estudiante Hernán Gómez, de segundo año de derecho, quien para el ramo "Habilidades de Formación Inicial", escribió una columna de opinión con fundadamentos del derecho sobre un tema de contingencia. En esta oportunidad, sobre seguridad ciudadana.
Compartimos el trabajo de nuestro estudiante:
“¿Militares a la calle?”
El crimen organizado transnacional asociado al narcotráfico se ha instalado en el país. Así lo confirmó el Subsecretario del Interior Manuel Monsalve en el año 2022, al decir que el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, ambos de origen mexicano, habrían aterrizado en Chile. Estas asociaciones ilícitas operan como pequeños estados dentro del país. Sus integrantes cuentan con un sentido de pertenencia al “Cartel”. Tienen una
jerga o código propio, organización jerárquica, división del trabajo, y hasta su propia forma de control territorial.
Se advierte un cambio en la criminalidad en nuestro país, al desarrollarse una delincuencia más organizada, con delitos graves, como secuestro, extorción, y homicidios premeditados. ¿Cómo hacer frente a este enemigo que opera dentro de nuestras fronteras, mediante actividades que socaban a las instituciones y atentan contra el mismo Estado de Derecho?
“¡Militares a la calle!” es una consigna muy popular. La ciudadanía está dispuesta a limitar y perder sus libertades en aras de recuperar la seguridad, justificado en que estamos frente a un enemigo real, mas no uno potencial como antaño.
La petición se vuelve difusa, primero al no existir un marco legal ni constitucional idóneo que permita el ejercicio de la actividad de las Fuerzas Armadas (F.F.A.A.) bajo este contexto; y segundo, porque el sistema de las F.F.A.A. no está orientado a cumplir con tareas de esta categoría.
¿Qué se necesita entonces? Primero fortalecer las instituciones de Orden Público, invirtiendo en su modernización, para que accedan a equipamiento y tecnologías que contrarresten al nuevo crimen. Segundo, crear unidades especializadas en inteligencia policial, que permita controlar, seguir y prevenir las actividades ilícitas. Tercero, recuperar el espacio ciudadano, con mayor limpieza, iluminación y elementos que entreguen sensación de seguridad. Y, por último, mejorar la eficacia y transparencia de las instituciones, sobre todo, aquellas responsables de la seguridad ciudadana, dando claras señales de que se puede confiar en ellas, para no caer en la falsa idea de que un Estado de Excepción, la militarización de la calle y la perdida de libertades pueda ser la solución.
Hernán Gómez Córdova.
Derecho UGM.
